LA GRAN RECESIÓN III.

Socializar las pérdidas.      

Tras la  crisis de confianza, la bonanza demostró ser humo. A lo largo de febrero y marzo de 2008 tanto en Estados Unidos como en Europa, fueron necesarias cada vez más inyecciones de capital realizadas por los Bancos Centrales y la Reserva Federal, a fin de reducir la tensión  de  los  mercados. En septiembre, después de otra masiva inyección de capital la aseguradora AIG, la mayor del mundo, era comprada por la Reserva Federal después de la petición de ayuda que el muy liberal Wall Street Journal publicó en portada. El día 18 el gobierno estadounidense aprobó un rescate estatal, a fin de que los bancos pudieran  cambiar sus activos  contaminados por dinero y  durante  seis  meses  el Tesoro no tendría que dar cuenta al Congreso. La Reserva Federal obligó a los bancos de inversión Goldman Sachs y Morgan Stanley a convertirse en bancos comerciales, acabando así con la banca de inversión en EEUU y poniéndoles  bajo control  de  Reserva  Federal. El 26 de septiembre, la Washington Mutual, la mayor caja de ahorro estadounidense fue adquirida por JP Morgan.

Al día siguiente Irlanda, antes bautizada como el Tigre Celta por la dura política neoliberal llevada a cabo desde 1987, se convirtió es la primera economía de la Unión Económica y Monetaria que  entró  en  recesión. Los  grandes bancos  europeos  que  habían  asumido  grandes  riesgos  el  mercado hipotecario  de  EE.UU. se vieron arrastrados  a  la  crisis.  Los  gobiernos  europeos  intervinieron  en  diversas entidades bancarias a través de otras entidades bancarias, provocando así el caos en los mercados financieros y la caída de las cotizaciones bursátiles. Los Estados griego e irlandés decidieron garantizar el 100% de sus depósitos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos destinó ingentes cantidades a sostener el sistema financiero  comprando los activos tóxicos de valor casi nulo por el Emergency Economic Stabilitation Act a beneficio de los grandes bancos y agencias de inversión. Al día siguiente el Estado alemán declaró que garantizaría la totalidad de los depósitos bancarios. El problema era que el volumen generado por el capital financiero en  su  fiebre especulativa,  multiplicaba  miles  de  veces  el  valor  de  la  economía  mundial  y  ese desequilibrio amenazaba el colapso del sistema. El 16 de octubre se plantea una reunión del G8 y los BRICS para la reforma del sistema financiero internacional.  Mientras, el Banco Central Europeo acordó la emisión de líneas de crédito a muy bajo interés para sanear la banca, otro instrumento utilizado fue la creación del “banco malo” para traspasar los activos tóxicos y que el dinero público asumiera posteriormente las pérdidas. La creación de este “banco malo” sería una de las condiciones impuestas a los países para acceder al rescate bancario.

Un mundo sumido en la crisis, países expoliados, recesión, despidos masivos, deshaucios, planes de ajuste y miseria. El panorama de  lo que se ha dado en llamar Gran Recesión es desolador. Sin embargo los responsables de la hecatombe, no sólo no han sido castigados, sino que les han premiado, mientras se aprieta a la población  para  extraer  la  liquidez  necesaria  para  alimentar la maquinaria capitalista. Los mismos  que  estaban  al  mando  en  2008  siguen  controlando  el  sistema  y  se  mantienen  en  los  mismos presupuestos ideológicos neoliberales.

La desregulación financiera impulsada por las administraciones de Bill Clinton  y profundizada por la de George W. Bush, durante un breve período pareció en entredicho, pero pronto se volvió al mantra de  que la regulación de los mercados es nociva. Así el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan cargó contra  la  ley Dodd  Frank  que intentaba  tímidamente  poner  cierto  control  al sistema. Una vez  pasado el riesgo  de  un  desmoronamiento  masivo  del  sistema  y  convertidas las macrodeudas  financieras  privadas en deudas públicas, los grupos financieros y corporativos volvieron a la carga para debilitar aún más la esfera del poder público y las instituciones políticas, solícitas, atienden a sus requerimientos.
 

Golpes de Estado financieros.

En  la  Unión  Europea  voluntad  política  de  plantar cara a los mercados. Un territorio donde  la voracidad  del  capitalismo  era  ponderada  por  políticas  de  protección social, el  Estado  del  Bienestar, se convirtió el nuevo objetivo a batir. El volumen de capitales que mueven los mercados (el conjunto de bancos de  inversión,  compañías  de  seguros, fondos  de  pensiones  y  fondos  especulativos)  en  sus  transacciones (divisas, acciones, bonos del Estado y productos derivados), revela la colosal financiarización de la economía real. Como consecuencia de ello ninguna economía nacional puede resistir el asalto de los mercados cuando actúan de forma coordinada.
Así ha sucedido con los llamados PIIGS, Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, at acados por los propios  bancos  rescatados,  las  aseguradoras  y  fondos  europeos,  que  poseen  la  mayor  parte  de  su  deuda soberana. Al hacer aumentar  los  tipos  de  interés  que  pagan  los  Estados  por  endeudarse ,  los  situaron  al borde de la quiebra al tener que dedicar más dinero a pagar la deuda. De ahí la importancia que tienen las tres grandes agencias de calificación, Fitch Rating, Standard & Poors y Moody's que juegan un activo papel en esta guerra.
Los  mercados  han  conseguido  que  sus  representantes  accedan  directamente  al  poder  político  sin pasar por elecciones. Lucas Papademos primer ministro de Grecia durante un breve período, Mario Monti, Presidente  del  Consejo  de  Italia  son  miembros de  la  Comisión  Trilateral  y  al  igual  que  el  presidente  del Banco Central Europeo, Mario Draghi, trabajaron para Goldman Sachs . Cuando no han sido sus propios tecnócratas,  han  sido  gobiernos  más  que  complacientes  los  que  han  implementado  las  medidas  de  ajuste compañía, permitió a sus ejecutivos disfrutar de unas vacaciones pagadas, en las que despilfarraron en Plumber Manor y en los lujosos  resorts  de  California,  el  dinero  de  los  contribuyentes,  tal  como  denunció  el  fiscal  de  Nueva  York  Andrew Cuomo en octubre de 2008.     

La Europa de dos velocidades.    
La política monetaria de la Unión está a merced del Banco Central Europeo, cuyo único objetivo es garantizar la estabilidad de los precios sin rendir cuentas ni a gobernantes ni a electores. Para Alemania la moneda  única  representaba  una  gran  ventaja  comercial  estratégica  gracias  a  la  doble  oportunidad  de  una  productividad  al  alza  y  un  coste  del  trabaj o  a  la  baja , las  industrias  exportadoras  alemanas  con  la unificación se volvieron más competitivas y se apoderaron de una gran parte de los mercados de la eurozona.
En su periferia, la pérdida de competitividad fue artificialmente compensada con una afluencia de créditos con bajos tipos de interés, según las tesis monetaristas de Bruselas y Berlín. Cuando  la  crisis  financiera golpeó  Europa,  la  credibilidad  de  las  deudas  acumuladas en  los  países meridionales se desmoronó, haciendo temer una reacción en cadena de Estados en banc arrota. Pero mientras en Estados Unidos la gigantesca inyección de dinero público restablecía la salud de los bancos en peligro, los estatutos del Banco Central Europeo prohibían adquirir los créditos de un país miembro. Además, Alemania, al frente de una  coalición de Estados nórdicos pudo imponer a los países más vulnerables , programas de austeridad brutales para restaurar la confianza de los acreedores. Estos programas respondían a la ortodoxia neoliberal: recortes  de  los  gastos  sociales,  desregulación  de  los  mercados  y  privatización  de  los  bienes públicos;  acompañado  de  un  fuerte  incremento  de  la  presión  fiscal.  Incluso  la  regla  de  oro  del  equilibrio presupuestario  fue  introducida  en  la  Constitución  de  la  mayor  parte  de  los  países  miembros  de  la  Unión. 
Falta  por  ver  cuánto  resistirán  las  poblaciones  estos  sufrimientos,  máxime  cuando  sus  sacrificios  se  demuestren nuevamente vanos.

    
Conclusiones ¿Refundación del capitalismo?    
  
Según el Fondo Monetario Internacional  el 95% del dinero real de la economía ha sido creado por la  banca  privada  mediante  la  celebración  de  compromisos  de  préstamo  con  los  prestatarios, por lo que el multiplicador monetario ha dejado de responder a cualquier exigencia de la tasa de reserva. Esto significa que la creación del dinero está totalmente fuera de control, creando ciclos de auge y caída 

La regulación del dinero y las finanzas ha pasado a estar dirigida cada vez más por actores privados que por los Estados  mismos, una  política que  casa mejor  con  las  necesidades  de   bancos y  corporaciones industriales, más que con las necesidades de las poblaciones de los Estados. Los tecnócratas de los Bancos Centrales  y  las  agencias  de  calificación  salvaguardan  así  los  mercados  de  políticas  redistributivas. Nos encontramos en un mundo donde la autoridad es externalizada y los Estados instrumentalizan la soberanía para servir al dominio de actores transnacionales.
Los  gobernantes  del  mundo  occidental  parecen  proclives  a  sacrificar  el  interés  general  por  la satisfacción de sus clientelas, con una convergencia de intereses favorecida además por lo que se ha dado en llamar “puertas giratorias”. Ahora los países asfixiados, dedican ingentes cantidades a pagar los intereses que generan las deudas, pero es tal su magnitud que parece obvio que jamás serán reembolsadas. En este sentido se enmarcan las luchas por una auditoría pública de la deuda o incluso su anulación, según la teoría de la deuda odiosa.    
Los  magos de las finanzas pueden  seguir jugando en el gran casino de la economía  mundial desregularizada, sin embargo incluso en el corazón de la, hasta hace poco indiscutible, potencia hegemónica se constata el hecho  de que después de cinco siglos de dominio occidental, los países emergentes tienen vocación de disputar la supremacía mundial a Washington y sus aliados.
Además nos encontramos  en un punto de inflexión porque  la  predación  de  los  recursos, que ha crecido desde los inicios de la Revolución  Industrial  a  un  ritmo  acelerado, comienza a dar síntomas  de agotamiento. La disociación de la ciencia económica respecto del mund o físico no debe ocultar esta realidad.
Aunque  el capitalismo  pueda  mantener  su  huida  hacia  adelante, parece obvio y  necesario que el  sistema económico debe adaptarse a las exigencias ecológicas, como ha ocurrido en buena parte de la historia de la humanidad, porque sino las consecuencias pueden ser catastróficas.    

La descomposición de la democracia política y la contracción de la soberanía nacional es de suponer que terminen pasando factura si los amortiguadores establecidos en el Estado del Bienestar frente al aumento de las desigualdades inherente al capitalismo, se suprimen. Lamentablemente la persistencia de las políticas de ajuste y el auge de la extrema derecha en las recientes elecciones europeas, evidencian que esta lección no ha sido aprendida.     

LA GRAN RECESIÓN II: La desregulación financiera.

La crisis del petróleo y la ofensiva neoliberal.

Cuando el presidente Nixon decidió unilateralmente en 1971 la suspensión de la convertibilidad del dólar, para hacer frente al  agobiante  déficit, puso fin al período  inaugurado con los acuerdos de  Bretton Woods. Los principales países  industrializados  libraron  entonces  sus  divisas  al  mercado:  ya  no  serían  los Bancos Centrales los que determinarían su cotización, sino la oferta y la demanda. En cualquier caso, sus reservas  representaban  ya  una  ínfima  parte  del  valor  de  los  flujos  de  capitales. Los  asociados  en  la Comunidad Económica Europea, beneficiados por la estabilidad política y la liberalización, fijaron bandas de fluctuación para sus divisas, como el Euro Composite Unit ideado por la firma N. M. Rotschild and Sons, aunque pospusieron su integración económica por el brusco aumento del precio del petróleo decidido por la OPEP en 1973, que puso fin a la era de la energía barata. 

Una  de  las  consecuencias  de  estas  crisis  del  petróleo  fueron  las  crisis  de  la  deuda.  La  Reserva Federal había iniciado una política de dinero escaso y como los tipos de interés que fijaba  eran altos para sostener  la  cotización  del  dólar, los inversores  de  todo el mundo se volcaron hacia los títulos de deuda pública estadounidense y muchos  países se endeudaron aprovechando las facilidades, expectantes del aumento de la cotización del dólar. A principios de 1985 cuando estalló la crisis de la deuda en México la comunidad financiera internacional constató que sus inversiones podían peligrar. Los banqueros reclamaron la devolución de sus créditos, lo que obligó a muchos países a declarar la suspensión de pagos. Para atajar el problema, la diplomacia  estadounidense  consiguió acuerdos de refinanciación y  en  las  sucesivas negociaciones con el Banco Mundial y el FMI, consiguieron imponer a los demás estados, la flotación de las monedas y la liberalización progresiva de las relaciones económicas internacionales, en particular las  financieras.    

Las crisis del petróleo de 1973 y 1984, fueron un aviso sobre el ritmo al que se estaban consumiendo los recursos y puede considerarse un hito que acabó con el ciclo de onda larga que comenzó tras la Segunda Guerra  Mundial.  La  tasa  de  beneficio  de  las  principales  actividades  productivas  inició  su  declive  y  el crecimiento se ralentizó. Las recesiones se hicieron más largas y profundas mientras que las recuperaciones eran cada vez más débiles y breves. Estas crisis y los problemas de legitimación y de hegemonía por los que pasaba Estados Unidos, provocaron la reacción en los círculos del gran capital para garantizar sus intereses. 

A nivel político tiene lugar la llamada revolución conservadora, ejemplificada en los gobiernos de Reagan en  EE.UU. y Tatcher en el  Reino Unido, cuyos gobiernos impusieron políticas muy favorables al capital: rebajas impositivas, privatización de actividades rentables del sector público, intervención del Estado para defender intereses económicos privados y reprimir a los trabajadores. Como consecuencia aumentó la desigualdad en estos países, como se refleja en el aumento de la participación de las rentas de propiedad en las rentas nacionales de estos países y la correspondiente reducción de las rentas de trabajo. También se favoreció la competencia de la fuerza de trabajo, aumentando el ejército de reserva gracias a la deslocalización de las empresas y debilitando estructuralmente su capacidad de negociación sindical. Se rescataron y reformularon las teorías liberales combinando el individualismo y la  mercantilización  de  las  relaciones  sociales,  con  el  neodarwinismo  social  elitista. Así en el informe del profesor Huntington para la Comisión Trilateral reconocía que:

"(...)la acción de un sistema democrático requiere generar un nivel de apatía y no participación de ciertos grupos(...)".

La  concesión  de premios Nobel a teóricos de la nueva ortodoxia, como Milton Friedman o George Stingler ambos de la Escuela de Economía de Chicago, y la promoción de universidades y think tanks, crearon un vasto ejército de titulados adoctrinados en las nuevas concepciones, con una escala de valores presidida por el triunfo en los negocios y el enriquecimiento personal. En esta época, los bancos de inversión contrataron a numerosos jovenes ambiciosos salidos de las business school, la burguesía comercial se volvía permeable para llenar los departamentos de fusiones y adquisiciones; el  yuppie sería el icono pop y los grandes escándalos financieros de la década de los 80, la consecuencia.


El Estado, al desregularizar las finanzas, perdió un ámbito esencial, por lo que el poder democrático retrocedía frente al poder del  capital  transnacional. Por ejemplo en 1980 se promulga en Estados Unidos la Depositary Institutions and Monetary Control Act que anulaba casi toda la regulación que separaba las operativas entre bancos comerciales y de inversión establecidas tras el crack del 29. 

Los  grandes  paladines  del  neoliberalismo  en  los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, llevarán esta estrategia a su dimensión global. Al acabar con el cambio fijo y convertir al dólar en dinero fiduiciario, al tiempo que moneda de reserva e intercambio, habían consagrado un sistema monetario internacional gobernado por los intereses expansivos estadounidenses. Tras haber logrado la independencia de los Bancos Centrales respecto de la política democrática y reformado el FMI  y  el  Banco  Mundial  según  los  nuevos  principios  monetaristas  y  las  concepciones  neoliberales,  el permanente  flujo  de  valores  hacia  Wall  Stret  y  la  City,  financiarán  la  política  norteamericana  y  británica, desde donde refluirían en forma de financiación condicionada hacia el resto del mundo. Así el neoliberalismo se extendió con el régimen de gobernanza de Wall Street, provocando la dependencia del mundo respecto de los centros financieros.    

Esta fase coincide con la implosión del sistema soviético, que ya había perdido todo su atractivo económico, dando paso a la nueva era del capitalismo global, que se dio en llamar el fin de la historia. En este contexto la CEE lanzó su propuesta del Acta Única para completar la unificación del mercado europeo tras sortear crisis. Los criterios de convergencia acordados en Maastrich pretendieron culminar el edificio de la Unión Europea, institucionalizada con el Tratado de Lisboa.

La globalización triunfante.    

El consenso de Washington, por el que los Estados contraían su ámbito de acción para ampliar el campo  de  los  mercados,  también  fue  asumido  por  la  izquierda  política, considerando  que  no  había alternativa y en este sentido se enmarca la tercera vía propuesta por el premier británico Tony Blair. El crecimiento económico se reactivó, pero desvinculado del empleo de los factores productivos, lo que marca un hito respecto al sesgo consumista imperante desde la Segunda Guerra Mundial. Otro hecho fundamental fue que la expansión del proceso globalizador se vio favorecida por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

Una  economía  capitalista  globalizada, sobre todo a partir de la entrada de Rusia y China en el mercado  mundial, se enfrentaba al eterno dilema del capitalismo de cómo  conseguir que  unas  masas sociales empobrecidas por una  renta  cada  vez  más  desigual, podían absorber la enorme capacidad productiva y en rápido crecimiento, de la economía global. La respuesta fue el mismo  mecanismo  que había precedido  la  crisis  del  29: una gran  expansión de la demanda soportada por un enorme crecimiento del crédito  bancario  que  fue posible por la afluencia de grandes masas de capital hacia las  actividades financieras, mucho más rentables que las productivas. La desregulación de las actividades  financieras impulsadas por el neoliberalismo institucionalizado, junto con la expansión del crédito, dio lugar a un crecimiento incontrolado de la especulación financiera como reflejaría la crisis de los tigres asiáticos en 1997 o el estallido de la burbuja de los puntocom en 2001.

En Estados Unidos, para hacer frente a los problemas que lastraban su economía y para evitar que los atentados del 11 de septiembre la hundiesen, las autoridades monetarias aprobaron un conjunto de medidas entre las que destaca, por su trascendencia posterior, la rebaja de los tipos de interés hasta llegar a situarse por debajo del 1%. Esto significó que el crédito se hizo más barato y con un acceso tan fácil a la financiación externa, el nivel de endeudamiento se disparó. Las empresas recurrieron a los bancos para ampliar negocios y  especular en bolsa. En el caso de las familias, solicitaban créditos aumentar su capacidad  de consumo, especialmente préstamos para adquirir viviendas, lo que provocó que el negocio inmobiliario se multiplicase y que los precios se dispararan. De esta manera se formó la burbuja inmobiliaria por la ciega confianza en que los precios mantendrían constantemente esa tendencia al alza. 

Las entidades bancarias no cesaban de ampliar su oferta de créditos para ampliar el negocio, pero como los tipos de referencia eran tan bajos, la rentabilidad que obtenían no era muy alta. Para mantener sus beneficios se esforzaron por hallar nuevas fórmulas que les permitiesen conceder créditos a un mayor tipo de interés. Así ofrecieron préstamos a grupos en condiciones económicas inseguras, compensando el riesgo de impago cobrando  tipos  de  interés  más  alto.  De  esta  manera  nacieron  las  hipotecas  subprime y  se popularizaron los llamados créditos ninja, más arriesgados pero también más rentables. Sin embargo pronto alcanzaron los límites legales establecidos, ya que un conjunto de normas internacionales estipulaba que los bancos  no  podían  conceder  créditos  por  encima  de  un  determinado  porcentaje  de  su  capital. Ante esta situación había dos opciones, o bien dejar de conceder créditos o bien aumentar su capital. Lo primero es impensable para un capitalista, lo segundo era difícil y además la mayoría de los bancos se encontraban en la misma situación, así que recurrieron a la titulización de sus activos.     

Este procedimiento no era nuevo pero comenzó a usarse en medidas nunca antes conocidas. Significa que el banco vendía el contrato de préstamo hipotecario a una sociedad de inversión que creaban para tal fin, un vehículo, y ésta se encargaba de revenderlo en los mercados financieros. El vehículo podía ser prestado a otros bancos y con ese dinero, compraba el contrato hipotecario a su banco que, de esta manera, sacaba de su balance  el  arriesgado  activo  y  a  cambio  recibía  la  tan  ansiada  liquidez  para  seguir  ofreciendo  préstamos. Rápidamente el vehículo emitía nuevos títulos, en realidad los mismos contratos que había comprado, y los vendía  a  mayores  tipos  de  interés  que  los  legales  existentes.  Fue  así  como  se  multiplicó  la  oferta de productos financieros derivados, cuyo valor se basaba en el precio de otro activo llamado subyacente.
    
Los compradores de estos productos derivados fueron, en primer lugar, los propios  bancos, compañías de seguros, entidades gestoras de fondos de pensiones y los fondos  de  inversiones, que se dedicaban a vender y comprar permanentemente estos productos financieros aprovechando las variaciones de precio, extendiendo estos activos, luego llamados tóxicos, hasta llegar a los pequeños ahorradores de todo el mundo. La voracidad sin límites de los banqueros, les llevaba a inflar cada vez más su deuda, intensificando constantemente este proceso para obtener liquidez y, con tal de vender créditos, los concedían a familias y personas cada vez más insolventes. Estos préstamos inmobiliarios eran tan arriesgados que resultaban muy poco  atractivos  para  venderlos  a  través  de  sus  vehículos,  por  lo  que  desarrollaron  un  procedimiento  que consistía  en  agrupar  las  hipotecas  en  paquetes,  disimulando  así  el  riesgo  y  la  Reserva  Federal  autorizó  el engaño. 

En principio en los paquetes había hipotecas buenas, prime, y malas, subprime, pero  luego los vehículos crearon otros más desarrollados como los ABS, Asset Backed Securities, mezclando todo tipo de activos que incluían préstamos hipotecarios, créditos para el consumo o el estudio, etcétera. Posteriormente crearon  los  CDO,  Collaterized  Debt  Obligations, paquetes financieros más complejos que podían incluir activos  más  diversos. Estos mecanismos  piramidales  y  opacos  proporcionaron  beneficios  en  cantidades ingentes. Para disimular se recurrió a las llamadas Agencias de Calificación, entidades privadas contratadas por los emisores de títulos para valorar la calidad de sus productos financieros, pero como  los bancos les pagaban por ello, las calificaciones para la basura tóxica resultaron ser buenas. A este respecto es muy recomendable el artículo de John, A. Agnew "Baja geopolítica: agencias de calificación crediticia, la privatización de la autoridad y la nueva soberanía".

El estallido de la burbuja inmobiliaria.   

Durante años los bancos consiguieron espectaculares resultados que repartían entre sus  accionistas privados, pero la euforia no podía durar siempre. Llegó un momento en 2007 que la Reserva Federal subió los tipos de interés y con ello las cuotas hipotecarias a pagar. Las expectativas sobre nuevos aumentos en el precio  del  mercado  inmobiliario  se  vinieron  abajo,  la  construcción  frenó  y  millones  de  trabajadores despedidos dejaron de pagar los préstamos que habían suscrito con el banco. Consecuencia de todo esto fue que  los  productos  financieros  derivados  de  estas  hipotecas  subprime perdían  su  valor,  porque dejaban de proporcionar flujos de dinero con las cuotas mensuales. Las entidades que habían participado en el festín comenzaron a registrar pérdidas (como Fannie Mae o Freddie Mac cuyo rescate aprobó el Congreso de Estados Unidos el 11 de julio de 2008), incluso a declararse en bancarrota, (como el gigante Lehman Brothers), ya que mientras el valor de sus bienes se encogía, las deudas permanecían intactas. Además los bancos tuvieron que hacerse cargo de las entidades vehículo para evitar que quebrasen. Por ejemplo el 16 de marzo de 2008 el banco de inversión Bearn and Stearns fue adquirido por J.P. Morgan con el respaldo de la Reserva Federal y en septiembre Merril Lynch sería absorbido por Bank of America. Así se inició la debacle financiera que se extendió rápidamente por el mundo globalizado. 

Como  consecuencia  de  la  crisis  de  confianza,  los  bancos  dejaron  de  prestarse  entre  ellos  ya  que sospechaban  de  la  solvencia  de  los  demás,  al  cerrar  el  grifo  de  la  financiación,  la  crisis  inmobiliaria  de Estados Unidos se transformó  en una crisis financiera global. Los gobernantes decían que faltaba liquidez pero en realidad ésta no salía al mercado porque el miedo se había extendido ante el riesgo generalizado. La carencia de financiación hundió los mercados y paralizó a las empresas que tuvieron que despedir a millones de trabajadores. Mientras tanto como la inversión en los mercados financieros e inmobiliarios era demasiado peligrosa, los capitales especulativos, se dirigieron a la inversión el petróleo y productos alimenticios, lo que supuso un alza de precios espectacular, fatal para millones de personas. Se fue abriendo paso la certeza de que el período de prosperidad vivido en los últimos años, se había asentado sobre bases muy débiles.

LA GRAN RECESIÓN I: La génesis del capitalismo.

La hegemonía británica y la formación de la economía mundial.

Tras las guerras napoleónicas, la marina británica impuso  su hegemonía en todo el mundo. Así se abrió una época en que, siguiendo los auspicios de Inglaterra se pasó del mercantilismo al librecambismo. El mercantilismo sirvió para abolir ciertas restricciones medievales y para crear Estados nacionales poderosos. 
Estos Estados se convirtieron en centros de poder para fomentar el comercio, dando paso a un capitalismo de manufactura.  En  Inglaterra,  ese  capitalismo  industrial  naciente  luchó  por  suprimir  las  trabas  que  las reglamentaciones industriales, laborales y comerciales representaban para la nueva industria, como la Anti Corn League, pues  durante la  época  en  que  se  cimentaba  en  Europa  la  actividad  industrial,  para  protegerla,  se  establecieron  altos derechos a la importación.      

Las corrientes librecambistas se extendieron por toda Europa y sus dominios coloniales, alcanzando  su máxima expansión con el tratado Cobden Chevalier de 1860. Junto a las reducciones arancelarias, otros de sus  fundamentos  básicos  eran:  la  división  internacional  del  trabajo  y  la adopción del  patrón  oro,  para  facilitar  los  movimientos  de  capital  y  la  expansión  financiera  británica  desde  su  centro  neurálgico  de  la  city.  
Esta integración  económica  internacional,  estaba  construida  sobre  pilares  muy  poco  firmes: la  abundancia  de energía barata inagotable, primero el carbón y después el petróleo, la disponibilidad de mano de obra y la libertad de acción de los propietarios. 
Engels en 1885 ya advertía que la teoría del librecambismo se había establecido sobre la hipótesis de que Inglaterra debería ser el único centro industrial en un mundo agrícola.
  
 Los descubrimientos técnicos que se sucedieron en la llamada Segunda Revolución Industrial del  siglo  XIX, mejoraron  los  procesos  productivos, pero también suponían requerimientos  continuados  de capital, que exigían plazos de amortización más  reducidos. En  esta vinculación entre capital e industria se encuentra la génesis del capitalismo financiero.  
  
La  crisis  de  1873  marca  el  final  de  una  fase  inicial  de  acumulación  originaria  del  capitalismo pionero, de la burguesía industrial y el maquinismo, de pequeñas empresas, libre competencia y construcción  de los mercados nacionales. El sistema instaurado a partir de entonces tiene dos novedades fundamentales. En  primer  lugar  la  adopción  del  patrón  oro,  siguiendo  el  ejemplo  británico,  en  un  intento  por  atraer  las inversiones  extranjeras  y  generar  confianza.  En  segundo  lugar,  es  en  este  momento  cuando  se  crearon o ampliaron las potestades de los bancos centrales, para canalizar los movimientos de capital y servir como cortafuegos ante las eventuales las crisis financieras.
 
La  superación  de  esta  crisis  estuvo  ligada  a  la expansión  del  capitalismo  hacia  el  exterior  y  a  los cambios derivados de la Segunda Revolución Industrial. Fue la etapa del imperialismo y la colonización de los últimos espacios sin soberanía reconocida por parte de las potencias europeas; la aparición de las grandes empresas con una creciente importancia de las finanzas y la internacionalización de la  economía.  En este marco el flujo migratorio fue fundamental para construir las infraestructuras del capitalismo y además crear un mercado de demanda generalizado. Así se forjó la primera globalización capitalista, posible gracias a los avances en transporte y comunicación.    

Los Estados nación se erigieron como respuesta a estos desafíos, cuando socavados los cimientos del mundo  agrario  feudal,  las  sociedades  se  abrieron  al  comercio  internacional.  A medida  que  progresaba  la internacionalización,  estas  entidades  se  consolidaron  como  mecanismo  defensivo  frente  a  la  amenaza desestabilizadora  del  exterior  y  se  forjaron  en  su  seno,  coaliciones  en  defensa  de  los  distintos  intereses, empresariales y sociales, que reinterpretaron la función del Estado, emprendiendo políticas intervencionistas marcadas por el proteccionismo selectivo y una naciente legislación social. Así el discurso del kaiser ante el Reichstag el 17 de noviembre de 1881, en el que se anunciaba el establecimiento de una serie de seguros frente a accidentes, invalidez o vejes, apuntaba que:

 "la superación de los males sociales no reside exclusivamente en la represión de los excesos sino también en la búsqueda de fórmulas que permitan una mejora en el bienestar de los trabajadores."

En una época sin embargo, en la que el factor capital empezó a ser algo más que un mero factor productivo, la competencia entre Inglaterra y Alemania llevaría al mundo a una guerra a escala industrial.

El crack del 29 y el ocaso de Europa.     

 
Tras la Gran Guerra 1914-1918 quedó claro que la solución bélica sólo había servido para arruinar a Europa. Como  los  países dependían  de la llegada de capitales  extranjeros,  se  hizo  necesario  fortalecer  las relaciones  internacionales  mediante  tratados y  también  mediante  instituciones  internacionales,  porque  el abandono del patrón oro, la elevación de los aranceles y el establecimiento de restricciones al intercambio, fueron fenómenos muy problemáticos durante el período de entreguerras. Finalmente las expectativas de un mundo regido por las leyes del mercado saltaron por las aires con la Gran Depresión que siguió al colapso de 1929.  Los  cambios  no  asimilados  ocurridos  desde  1870,  junto  con  la  cadena  de  dependencias  generadas durante la primera globalización capitalista, se fusionaron con el espectacular aumento de la productividad y la fiebre especulativa de  los felices años veinte. El ajuste dio lugar a un período dramático tras el que fue necesaria la masiva intervención estatal, en programas como el New Deal y la implementación de medidas para evitar el descontrol del capital financiero, como la Banking Act de 1933 por la que se separaba la banca de inversión y la banca de depósito o la Securities and Exchange Act que ponía coto a los riesgos financieros. El librecambismo iría progresivamente siendo sustituido por el bilateralismo.     

Frente a la integración de los mercados mundiales, el corporativismo enrocó  posiciones.  Los gobiernos  se  mostraron  sensibles,  por  un  lado  a  la  presión  de  los  organismos  patronales  de  las  élites nacionales, que exigían al Estado una defensa frente a la feroz competencia exterior mediante aranceles; por otro lado también se vio obligado a hacer concesiones frente a la creciente movilización política de las masas populares y la extensión del sufragio. Las primeras medidas de  garantías sociales en  salud,  pensiones y  educación,  pretendían  abortar  las veleidades revolucionarias del movimiento obrero, en un momento en el que el ejemplo soviético hacía temer el triunfo del socialismo. 

Sin embargo las consecuencias de la crisis del 29 no fueron superadas hasta pasada la Segunda Guerra Mundial. El pensamiento económico mayoritario entendió entonces, que el mercado por sí solo no podía evitar las crisis y que para salir de ellas era necesario que el Estado interviniese en la economía, para reactivar la demanda y el empleo. Según la receta keynesiana el progreso sólo sería posible en la medida en que la mejora general de las condiciones de vida sostuviese el Estado del Bienestar. Así se sentarían las bases de una época caracterizada en el occidente capitalista, por el pacto entre las fuerzas de la mayoría social, las clases trabajadoras y ciudadanas, con as élites plutocráticas. Un reconocimiento  recíproco  en  el  que  los primeros  aceptaban  la  propiedad  del  capital  y  la  autoridad  del  Estado  y  los  segundos  en  contrapartida, la representación  política  y  sindical  de  los  trabajadores,  así  como  concesiones  en  derechos  democráticos y sociales.  Este  compromiso  que  se  institucionaliza  en  el  seno  de  la  sociedad  civil, no  estará  exento  de tensiones,  pero  será  la  base  sobre  la  que  desarrolle  el  Estado  del  Bienestar,  con  el  ente  público  como regulador soberano de los procesos económicos y sociales.

Por otra parte, la nueva revolución tecnológica asociada al modelo de industrialización  fordista, posibilitó un incremento de la productividad, seguido por el aumento de salarios que facilitó la expansión del consumo  de  masas.  Cada  Estado  pondrá  en  práctica  políticas  monetarias  y  fiscales  expansivas,  a  fin  de estimular el crecimiento económico con plena ocupación de todos los factores productivos y dar salida a la masa  migrante,  que,  desde  inicios  de  la  Revolución  Industrial,  acude  del  campo  a  las  ciudades  a  un  ritmo acelerado.

Institucionalización de la economía mundial y hegemonía estadounidense.     

Serían los acuerdos de Breton  Woods de 1942, los que remodelaran el sistema monetario internacional rubricando la propuesta estadounidense para frenar la expansión del socialismo real con un sistema sin trabas al expansionismo norteamericano. La estructura de los organismos internacionales que ya se planteaba en la Carta del Atlántico exigía, para las relaciones económicas, una materialización de pagos en divisas aceptadas por ambas partes. 

Durante  la  era  del  librecambismo,  los  pagos  internacionales  no  ofrecían  problemas  técnicos,  ya  que  los principales países se encontraban dentro del régimen patrón oro y sus monedas eran convertibles un tipo de cambio fijo. Con el abandono del patrón oro durante el período de entreguerras, el comercio internacional pasó a realizarse en buena medida, a través del sistema de clearings, acuerdos de compensación entre los diferentes países que estipulaban las cantidades máximas a importar y exportar. Esto comportó una fuerte contracción del comercio  internacional  y  un  verdadero  marasmo  en  las  relaciones  económicas  entre 1929  y  1939. El acuerdo  al  que  llegaron  los  Estados  Unidos  y  sus  aliados  en  Bretton  Woods,  posibilitó  la  cooperación monetaria internacional durante la posguerra, financiada con una millonaria tranfusión de dólares de una a otra orilla del Atlántico. 
  
El Fondo Monetario Internacional, organismo de las Naciones Unidas, prestaría asistencia financiera en determinados casos a  los países  miembro  y actuaría  como  órgano consultivo con los gobiernos. Desde entonces se convirtió en el centro institucionalizado del sistema monetario internacional del mundo capitalista. Una de sus normas básicas era que cada país miembro debía declarar el cambio de su moneda en relación con  el  dólar,  cuya  paridad  se  estableció  en  35  dólares  por  onza  troy.  Cualquier  desviación  del  1%  de  las divisas  con  la  cotización  fijada  del  dólar-oro,  generaba  una  intervención  del  Banco  Central  del  país.  Así desde 1944 el nuevo orden monetario, destinado a vacunar al mundo contra las crisis, estuvo orquestado por el  FMI  en  colaboración  con  los  Bancos  Centrales,  estableciendo  un  sistema  ausente  de  trabas  al expansionismo estadounidense. 

A partir  de  1958  los  principales  países  de  la  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo Económico  desmantelaron  los  controles  de  cambio  en  las  operaciones  comerciales,  pero  los  mantuvieron sobre los movimientos de  capitales.  El mundo vivió entonces un gran ejercicio de cooperación económica con paridades fijas, que produjo lo que se ha dado en llamar la edad dorada del capitalismo. Aunque fue el sistema en su conjunto el beneficiado, los que más aprovecharon sus implicaciones fueron los propietarios del  capital;  las  poblaciones  de  los  países  capitalistas  fueron  receptores  de  los  efectos  de  una  expansión sustentada en la dependencia política y económica respecto al dólar estadounidense.

La reforma del sistema público de pensiones como parte de la ofensiva neoliberal.

Origen y evolución de los sistemas de pensiones.

Los primeros sistemas de pensiones contemporáneos surgieron a fines del siglo XIX cuando la revolución industrial iniciada en Inglaterra y pronto extendida al resto del continente, propició un desarrollo  económico  sin  precedentes  y  un  importante  crecimiento  urbano  en  el  que  grandes contingentes humanos fueron a nutrir, como mano de obra asalariada, las fábricas que se extendían por el occidente europeo.
Con la implantación del Estado liberal se impusieron nuevas leyes para favorecer la libertad de trabajo y en consecuencia se prohibieron los gremios. Este hecho supuso la desprotección de los antiguos miembros artesanos, cubiertos hasta entonces por las pólizas aportadas por sus integrantes. 

En la época del Gran Capital la pobreza en la vejez sólo se paliaría mediante la solidaridad familiar o la caridad institucional, estatal o eclesiástica. La misérrima situación del proletariado guió la expansión del movimiento obrero, hasta convertir la cuestión social en un desafío insoslayable para las nacientes democracias.

"La superación de los males sociales no reside exclusivamente en la represión de los excesos sino también en la búsqueda de fórmulas que permitan una mejora del bienestar de los trabajadores" discurso del Kaiser ante el Reichstag, 17 de noviembre de 1881

Entre 1881 y 1889 el canciller Bismarck presentó al Parlamento alemán una serie de leyes para conjurar el peligro de revueltas sociales, constituyendo una serie de seguros frente a accidentes, enfermedad,  vejez  e  invalidez.  Se  trataba  de  un  modelo  proporcional  financiado  a  partir  de las contribuciones  porcentuales  de  trabajadores  y  empresarios.  Este  sistema, el llamado modelo de reparto,  se  extendió  a  ramos específicos de la producción, con distintas reglas para cada sector, dando lugar así a un sistema de pensiones  fragmentado en la  Europa continental.

Un segundo modelo de provisión para atajar la pobreza en la vejez corresponde al sistema asistencial. En Dinamarca a finales del siglo XIX se creó un sistema público de pensiones financiado por los impuestos generales dirigido a los ciudadanos de menos recursos. A principios del siglo XX, el Reino Unido creo también un sistema de pensiones básicas, inicialmente no contributivas y de carácter asistencial  para  los  pobres  de  ‘buen  carácter  moral’,  financiado  a  través  de  los  impuestos  y administrados por el sector público. Inicialmente sólo las personas de menores ingresos tenían derecho a estas pensiones, para lo que debían cumplir unos requisitos ya que en este modelo, la cobertura se condiciona a la falta de recursos. Los países anglosajones y escandinavos que asumieron este modelo, formaron  la  llamada  familia  Beveridgeana.

 En 1940 el ministro británico de Trabajo Ernest Bevin solicitó a William Beveridge un informe para reconstruir el modelo de Seguridad Social eliminando las incoherencias que hasta entonces había arrastrado en su crecimiento. El  Report to the Parliament on Social Insurance and Allied Services se hizo público dos años después y en él preconizaba que todo ciudadano en edad laboral debe pagar una serie de tasas sociales, con el objetivo de establecer una serie de prestaciones en caso de enfermedad, invalidez o vejez para poder asegurar un nivel de vida mínimo.

Antes de 1929 el enfoque predominante en la sociedad occidental era que el Estado sólo debía atender las cuestiones de ley y orden para garantizar la seguridad de los individuos y la integridad de sus propiedades. Los servicios eran privados y tanto la educación, como la sanidad eran sufragadas por los usuarios, de igual manera ocurría con las prestaciones en la vejez. Las ayudas sociales para paliar la pobreza  eran mínimas  y  proporcionadas  en  unas  condiciones  que estigmatizaban a sus receptores. Con la Gran Depresión sin embargo, se transformó esta concepción y se produjo una evolución hacia la economía de mercado que abogaba por el intervencionismo estatal, abandonando la ortodoxia librecambista para seguir la receta keynesiana: el progreso sólo sería posible en la medida en que la mejora general de las condiciones de vida sostuviese la expansión del Estado del Bienestar.

Después de la Segunda Guerra Mundial, este modelo se expande con ciertas variaciones: las pensiones se universalizan, eliminando algunos test de recursos y ampliando su cobertura. En ciertos casos, estas pensiones asistenciales se complementan también con planes contributivos, más orientados a mantener el nivel de vida previo que a prevenir la pobreza. Asistimos en la Europa de la posguerra al nacimiento de un nuevo sistema híbrido entre los antiguos modelos, con características propias en cada país y una complejidad cada vez mayor. En líneas generales, los países europeos han avanzado, en mayor o menor medida, hacia los sistemas multipilar, compuestos de una base mínima de protección contra la  pobreza, un pilar con  beneficio proporcional y un pilar adicional  voluntario de ahorro individual, generalmente administrado por el sector privado. Cada país, sin embargo ha dado mayor o menor relevancia a cada uno de estos pilares y una mayor o menor participación al sector privado en cada uno de ellos.

El caso español.

El punto de partida de las políticas de protección social en nuestro país se sitúa en la Comisión de Reformas Sociales de 1883 que se encargó del estudio de cuestiones que consiguieran la mejora de la situación de la clase obrera. En 1900 se crea el primer seguro social, la Ley de Accidentes de Trabajo en 1908 el Instituto Nacional de Previsión, en el que se integran las cajas que gestionan los seguros sociales que van surgiendo. La protección dispensada era claramente insuficiente, por lo que surgieron las mutualidades laborales para completar estas prestaciones, organizándose a través de sectores de ocupación. La multiplicidad de estos sistemas impidió una gestión racional y eficaz.
 

Tras la creación de un sinnúmero de Regímenes Especiales durante los primeros años del franquismo, a partir de la reordenación en 1963 de la ley de Bases de la Seguridad Social, se unificaron los distintos sistemas de protección social existentes en un modelo integrado, con una base financiera de reparto, gestión pública y participación del Estado en la financiación. Esta ley puso los fundamentos de la universalización del sistema y aunque se establecía un modelo unitario, parte de la fragmentación inicial se mantuvo con organismos superpuestos.
 

El  Estado  del  Bienestar  en  nuestro  país  se  abrió  paso  en  democracia  sometido  a  fuertes presiones, en una situación de crisis abierta en el modelo de crecimiento y en un contexto de ajuste de
los  sistemas  de  pensiones  europeos  a  los  nuevos  escenarios.  En  este  marco,  el  proceso  de universalización de las pensiones en nuestro país, se constituye como un mecanismo legitimador de la
democracia y así se garantiza en el artículo 41 de la Constitución de 1978. Así el Decreto Ley 36 de Diciembre de 1978, configura un sistema de participación institucional de los agentes sociales en la SS. Este impulso social, junto con el incremento salarial y otros factores determinantes, como el asesinato del almirante Carrero Blanco y la muerte del dictador, fueron la base para que la oposición al régimen perdiera radicalidad y optase por una transición política negociada para mantener el status quo en la sociedad española.
 

La   oleada   neoliberal.

En 1980 se abre un nuevo ciclo político económico bajo el impulso de la transnacionalización económica y el auge de las políticas neoliberales. En esta década termina el período de expansión de los sistemas de protección social y comienza una etapa nueva marcada por las corrientes liberalizadoras personificadas en el tándem Tatcher-Reagan. El supuesto interés de las reformas que promovieron fue la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones en un contexto de cambio demográfico y envejecimiento de la población. Se llevaron a cabo un conjunto de ajustes orientados a reducir el gasto público con medidas de austeridad. Muchos de los países con sistemas de reparto fueron objeto de reformas  sustanciales,  incluyendo  tanto  incentivos  para  retrasar  la  edad  de jubilación,  como  el endurecimiento en las condiciones de acceso a las pensiones, entre otras períodos contributivos más largos.En Europa generalmente se tomaron dos medidas para la contención del gasto. En primer lugar el cálculo de las pensiones se hizo según la evolución de los precios y no ya de los salarios. En segundo lugar se hizo sobre el ingreso medio de toda la vida y no de los últimos años de cotización medidas que tendieron a reducir de manera indirecta los beneficios futuros.

Estas medidas fueron prescritas desde el informe anual de la OCDE en 1990, que aseveraba la insostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones en los países industriales como consecuencia del envejecimiento demográfico, abogando por la contratación de fondos privados. En 1994 el Banco
Mundial hizo público otro informe  Adverting the old age crisis argumentando que la relación entre demografía y mercado laboral sería un desafío inasumible, ya que aumentaría el gasto público de manera  exponencial.  Planteaba  además  que  la  eficiencia  de  los  sistemas  públicos,  al  no  obtener rendimientos en Bolsa como los privados, era menor, por lo que proponía disminuir las prestaciones públicas para hacerlas más duraderas, incluyendo medidas que endurecían el acceso para recibir la pensión. Se asumía que el deterioro del sistema de reparto sería un incentivo para la inversión en los planes privados, como de hecho ocurrió. Coincidiendo con esta primera concatenación de informes, los fondos privados vivieron un auge excepcional y pasaron de gestionar 4,9 billones de euros a 11,5 billones entre 1995 y el año 2000 según los datos del Fondo General de Seguros y Fondos de Pensiones.2009. El Banco Mundial se mostraba partidario de combinar ambos pilares,  público  y  privado,  como  paso  previo  a  la  privatización. Así  el  primero  quedaría  como prestaciones asistenciales para prevenir la pobreza y el segundo, para mantener el nivel de vida tras la jubilación.

El Viejo Continente.

La Unión Europea nunca ha tenido competencias en el ámbito de las pensiones, tal como se estipula en el artículo 222 del Tratado de Roma de 1957 y esta concepción ha pervivido hasta la fracasada Constitución Europea. A pesar de ello la Comisión Europea se ha mostrado partidaria de esta política privatizadora y así se pronunció en el Comunicado C360/08 de diciembre de 1994:  la Unión Europea  se  está  planteando  la  legislación  para  liberalizar  la  provisión  y  gestión  de  fondos  de pensiones para mejorar la movilidad laboral, la libertad de movimientos de capital y la libertad de proporcionarse  servicios  entre  los  Estados  miembro.  Es  decir,  los  fondos  privados  ayudarían  a fortalecer financieramente un mercado integrado de capitales, pero para ello es necesario acabar con la generosidad de los sistemas públicos de pensiones. 

En este sentido también se posicionó el lobby de gestores de fondos de pensiones, Federación Europea para la Provisión de la Jubilación, EFRP por sus siglas en inglés. El documento que presentó a la Comisión Europea en 1997, Libro Verde en pos de unos sistemas de pensiones europeos adecuados, sostenibles y seguros, llamado  Greenpaper, argumentaba en favor de los beneficios que sobrevendrían de la inversión de los fondos de pensiones privados en el mercado financiero, abogaba por la expansión de estos fondos hasta que alcanzaran un 60% de la cobertura y proporcionaran así mayor liquidez. La Comisión Europea satisfizo sus demandas derogando algunas limitaciones que impedían la inversión de los fondos de pensiones en operaciones de riesgo.

En 1998 la reunión del Consejo Europeo en Cardiff y Viena, encargó a la Comisión presentar propuestas  para  mejorar  el  mercado  para  los  servicios  financieros.  Los  informes   resultantes Servicios financieros: un marco para la acción y Plan de Acción para los Servicios Financieros manifestaron como objetivo la construcción de un mercado bursátil plenamente integrado, para lo que
se  trataron  en  las  Cumbres  de  Lisboa  2000  y  Estocolmo  2001  una  serie  de  disposiciones  que
construyeran la nueva arquitectura financiera en Europa. Tradicionalmente en el viejo continente el crédito bancario era el método principal de financiación empresarial, mientras que en Estados Unidos se recurre a la Bolsa. La tendencia es aproximarse a este modelo, para lo que los fondos privados de pensiones representan una garantía de capitalización. Así la resolución del Parlamento Europeo, publicada en Diario Oficial de la Unión Europea el 20 de noviembre de 2008 (C 16/ E 35) Sobre el futuro de los sistemas de seguridad social y de pensiones: financiación y tendencia a la individualización, considerando la evolución demográfica del continente, insta a los Estados miembro a adoptar medidas para garantizar el futuro de los sistemas de pensiones públicas. Subraya en el artículo 27 que una estructura de tres pilares es una opción equilibrada; sugiere que los sistemas obligatorios de pensiones se complementen con unos sistemas profesionales de pensiones colectivos y con los productos adicionales individuales del tercer pilar. Pide a la Comisión que inicie la preparación de un marco adecuado y viable para la regulación y supervisión de los productos de pensión paneuropeos.

La reforma neoliberal en España.

En nuestro país la reforma de la Ley 26 de 1985 aumentó el número de años contributivos requeridos para obtener la jubilación ordinaria de ocho a quince, y extendió el período de referencia para el cálculo de la base reguladora de dos a ocho años. Todos estos factores estuvieron orientados a reducir el coste del sistema, y a consolidar su faceta contributiva, acercando los niveles de beneficio a las contribuciones realizadas. Esto se complementó con la creación e incentivo de pensiones privadas individuales, según la tendencia occidental. La primera reforma en esta dirección data de 1987, cuando se establece el marco regulatorio para la afiliación voluntaria a pensiones privadas de capitalización y se introducen incentivos fiscales para fomentar su desarrollo. Estas desgravaciones de los sectores con mayores ingresos puede ser cuestionada por su regresividad, pero lograron espectaculares resultados. El tercer aspecto de la reforma española fue la separación de las pensiones contributivas y no contributivas mediante la Ley 26/1990, y el R.D. 357/91 con la creación de una pensión no contributiva financiada con los recursos presupuestarios.

El Pacto de Toledo, en 1995 inició una segunda etapa de reformas. Este fue un acuerdo suscrito por los partidos y los sindicatos mayoritarios y tuvo como consecuencia el establecimiento de una hoja de ruta que garantizase la estabilidad financiera de la Seguridad Social. La simplificación legislativa fue llevada a cabo por el Texto Refundido de 1994. En 2001 se crea el Fondo de Reserva de la  Seguridad  Social,  con  el  fin  de  capitalizar  los  excedentes  del  sistema  para  utilizarlos  en  los momentos  deficitarios.  Gracias  a  éste,  el  superávit  en  las  cuentas  de  la  Seguridad  Social  se  ha mantenido durante varios años consecutivos a pesar de la durísima coyuntura laboral.

A finales de siglo pasado la corriente neoliberal llegó también a España donde las condiciones financieras eran mejores que en otros países europeos, en parte como resultado del tardío desarrollo del sistema español, pero también del proceso de crecimiento económico y del empleo de los últimos años, que mejoraron las bases contributivas del sistema. Al mismo tiempo, al igual que otros países de Europa del Sur, el cambio demográfico se presentó en España de manera particularmente pronunciada, con un notable porcentaje de la población por encima de los 65 años y un grave descenso de la tasa de natalidad. Esta tendencia demográfica dio argumentos para las propuestas de reforma o modernización. Desde 1995 se multiplicaron los estudios subvencionados por las grandes entidades financieras como el BBVA, La Caixa, FUNCAS o el Círculo de Empresarios, alertando sobre la insostenibilidad del sistema  y  proponiendo  diversas  reformas  en  pro  de  los  fondos  privados,  algunos  incluso  la privatización del sistema al estilo  latinoamericano. Sin embargo la Ley de Medidas en Materia de Seguridad Social del 13 de julio de 2006, fue más prudente tratando básicamente de contener la evolución futura del gasto y estimulando el alargamiento de la vida laboral. En este período los fondos privados pasaron gestionar de 13.000 a 38.000 millones de euros.

En primavera de 2007 se presentó un anteproyecto de ley para reformar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, dotarle de una mayor flexibilidad e invertir los excedentes en Bolsa, en lugar de títulos  de  renta  fija,  de  esta  manera  se  pretendía  aprovechar  la  euforia  bursátil  para  reducir  las aportaciones de la patronal. El estallido de la crisis financiera en agosto de 2007 y la congelación de la actividad parlamentaria por las elecciones de 2008, paralizaron el proyecto hasta que caducó. La
espectacular caída bursátil y la depreciación de los fondos privados, calló momentáneamente a los partidarios de la flexibilización, pero por poco tiempo. 

Como consecuencia de la crisis se han rearmado las críticas para reformar el sistema público de pensiones en España, a pesar de los resultados de superávit que arroja a la Seguridad Social aún en la difícil coyuntura actual, a pesar también que los estudios sufragados por entidades con intereses comprometidos, erraron en todas sus predicciones catastrofistas y a pesar también de la volatilidad demostrada por los fondos de pensiones privados . De hecho este informe de la OCDE muestra "preocupación" por "los resultados a largo plazo" de estos fondos, sin embargo la Memoria Anual de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda realizada en base a la información facilitada por las entidades gestoras de planes y fondos de pensiones, repasa la evolución de los fondos privados desde el contexto internacional hasta la coyuntura específica de nuestro país e insiste en este informe en la escasa cuantía que representan los fondos privados en nuestro país como un fenómeno a combatir.

Lograr que la población contrate estos productos financieros pasa por introducir el miedo en la ciudadanía sobre el futuro del sistema público, así se insistió  repetidamente  desde  las  instituciones con intereses claramente comprometidos en el negocio de los planes y fondos de pensiones  y  las  distintas  plataformas  mediáticas, insostenibilidad del modelo de reparto (como ejemplo los editoriales de La Vanguardia y El País que citaba especialmente a los expertos David Taguas y María Jesús Sáez, colaboradores asiduos del BBVA, que erraron sus predicciones catastrofistas).

El Congreso de los Diputados aprobó en enero del 2011, las recomendaciones del Pacto de Toledo de 2010. Entre las medidas votadas se considera el alargamiento de la vida laboral hasta los 67 años; la modificación del cálculo de la pensión ampliando la base reguladora de 15 a 25 años y el alargamiento del período de cotización para alcanzar la pensión máxima. Esto supondrá una merma en la cuantía de las pensiones futuras debido a las penalizaciones que plantea, lo que se traduce en un fuerte estímulo para la contratación de fondos privados, cuyo patrimonio en España es de alrededor de 82 000 millones de euros. Entre las principales medidas adoptadas por los partidos políticos para modernizar el sistema público de pensiones, destaca que los partidos mayoritarios aboguen por incentivar los planes privados con discrepancias en la forma. La propuesta del secretario de Estado para la Seguridad Social Enrique Granado de fomentar los planes de pensiones dentro de la negociación colectiva, esconde que entre los gestores de esos planes de capitalización también estarán los sindicatos mayoritarios como accionistas. Al incluirles se aseguran su aquiescencia en la reforma.

La sostenibilidad del sistema de pensiones español debe de entenderse desde un punto de vista holístico, si queremos que el sistema sea sostenible se tendría que reducir la deuda pública del estado o la tasa de paro. Otro factor clave a tener en cuenta es mejorar la productividad, ya que es éste un punto débil de nuestra economía. También se podrían restringir las prejubilaciones, dado el alto coste que tiene en los sistemas de seguridad social y combinar con fórmulas que incentiven el trabajo a tiempo parcial a partir de los 60 años, porque además de suponer un ahorro de costes para el gobierno, también tendría efectos positivos en los ciudadanos a nivel psicológico, dado que se acoplarían mejor a un nuevo  rol  dentro  de  su  vida. Asistimos  sin  embargo  a  un  nuevo  triunfo  del  capitalismo  ya que los fondos de pensiones privados suponen miles de millones a largo  plazo,  dinero muy codiciado  por  los  especuladores  financieros  para negociar en  las  plazas internacionales. La gestión de esta ingente cantidad de capitales debería ser responsable, algo que en la actualidad  es  lamentablemente  obvio  que  no  se  cumple,  puesto  que  la  perspectiva  de  beneficio inmediato prima sobre otras consideraciones, como el bienestar de la ciudadanía o el mantenimiento de los servicios públicos. Esto sin duda se debe a la ausencia de una amenaza seria para el capitalismo, que obligue a la reinversión de los beneficios para contrarrestar las veleidades revolucionarias de la población.